Un poder judicial ilegítimo y patito

“Una cosa no es justa por el hecho de ser ley.

Debe ser ley porque es justa”

Montesquieu

      El pasado 15 de junio de 2025, el Consejo General del INE declaró la validez de la elección judicial, en una votación dividida por seis votos a favor y cinco en contra. Entre los argumentos en contra, se advirtió que la distribución masiva de los llamados “acordeones” pudo haber condicionado los resultados. Estos acordeones contenían listas explícitas con los nombres y números de candidatos, y según datos presentados durante los debates, existió una coincidencia del 80 % en cargos nacionales y hasta 90 % en el Tribunal de Disciplina Judicial entre los candidatos favorecidos y las guías. Previo a la elección, el INE había abierto múltiples expedientes y recibido numerosos recursos, entre ellos más de 180 impugnaciones ante el Tribunal Electoral, así como denuncias que sumaron hasta 50 expedientes por uso indebido de acordeones. Esto no fue suficiente para no validar la elección y le tocó el turno al siempre obsequioso con la cuatroté Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

      El periódico El Economista puso la noticia así: “TEPJF rechaza ordenar al INE que se investigue la distribución de acordeones. Con el aval del bloque mayoritario integrado por la magistrada presidenta Mónica Soto Fragoso y los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mota, la Sala Superior rechazó la impugnación interpuesta por la organización Proyecto Justicia Común A.C”. También rechazó investigar a Morena y funcionarios de la CDMX por la elaboración y distribución de los acordeones.  O sea, institucionaliza el uso ilegal de acordeones para futuras elecciones. Además, Con ello se ratifica una vez más la parcialidad y la paupérrima calidad de tribunal (con minúscula) con que contamos. Y lo peor de todo, votó en contra de los ciudadanos porque éstos no aportaron las pruebas suficientes para demostrar el fraude. ¡Ahora resulta que nosotros somos los que tenemos que hacer su trabajo!

 

      Por si lo ilegítimo de los nuevos integrantes no es suficiente, ahora nos salen con la noticia de que en el Estado de México están organizando un curso de ¡dos meses! para que los nuevos juzgadores sepan qué es lo que tienen que hacer. Y es que toman posesión de sus cargos el próximo 5 de septiembre. Serán muy abogados, pero muchísimos no tienen la menor idea de lo que es trabajar en un tribunal ni cómo emitir una sentencia. Es absolutamente indignante que, juzgadores que estudiaron y forjaron una carrera con 20, 30 años de trabajo, se les haya corrido de la forma más infame posible para ser sustituidos por estos juzgadores patito que en dos meses pretenden volverse expertos en esta materia. Porque el mismo día de su toma de posesión les esperan miles y miles de expedientes que tendrán que estudiar, analizar y dictar sentencias fundadas y motivadas en las leyes de este país. ¿Estaremos dimensionando realmente el tsunami de problemas legales que están a la puerta?

 

      Los partidos políticos de oposición, la sociedad organizada y los ciudadanos en general, habremos de encontrar las estrategias y mecanismos que nos defiendan ante lo que se nos viene. ¿Qué recursos tendremos ante sentencias mal fundamentadas? ¿El amparo será un arma a nuestro favor o desaparecerá de nuestra legislación? Si ya no habrá autonomía en el poder judicial, ¿cómo me podré defender ante las injusticias que se cometan? La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hace tiempo que es un cero a la izquierda. ¿La resistencia civil activa y pacífica será una de las pocas oportunidades para defendernos de los deseos del oficialismo que tengamos de aquí en adelante? Más no vale analizar la nueva problemática y encontrar, construir o innovar posibles soluciones. Es un muy buen pretexto para unir voluntades, intercambiar experiencias y encontrar caminos de defensa comunes. ¡A darle!