Aberraciones de la nueva Tremenda Corte
“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”
Francisco de Quevedo
En México, el poder judicial debería ser la piedra angular del Estado de derecho. Sin embargo, lo que hemos visto con la reciente conformación de este nuevo poder judicial no es más que una aberración política revestida de ilegitimidad de origen. Un espectáculo grotesco de tómbolas, acordeones y rituales simbólicos que, en lugar de fortalecer la justicia, la degradan. Lo que inició este primero de septiembre no es un poder judicial independiente, autónomo, profesional, sino un circo institucional que amenaza con profundizar la crisis de la exigua democracia que aún sobrevive en el país.
Todo poder que pretenda administrar justicia debe fundarse en un principio básico: la confianza social. Pero este nuevo poder judicial nace desde el descrédito. No fue producto de un debate serio ni de un consenso plural. Fue impuesto desde la maquinaria política que hoy gobierna, bajo reglas diseñadas para perpetuar el control y no para garantizar independencia. La legitimidad no se decreta; se construye. Y cuando un poder nace viciado, difícilmente podrá corregirse después. El problema es de raíz: las nuevas autoridades judiciales no fueron elegidas con un mínimo estándar de rigor democrático, sino con procedimientos improvisados, manipulables y con ínfimo respaldo y participación ciudadana.
El método de “sorteos” o “tómbolas” para elegir a integrantes del poder judicial es un insulto a la inteligencia colectiva. La justicia no puede definirse por el azar, como si se tratara de rifar una licuadora o una bicicleta en la feria del pueblo. La justicia requiere preparación, experiencia, trayectoria y, sobre todo, integridad. A eso se suma el uso descarado de “acordeones”, evidencia más que clara de que el pueblo no tenía la menor idea de por quién votar y de que los ganadores, todos afines al morenismo, fueron designados desde el poder. La participación fue tan baja que, lejos de legitimar, evidencia el desdén de la sociedad hacia un proceso manipulado y carente de seriedad. Lo que se mostró fue la banalización de un poder que debería ser garante de la Constitución. El mensaje es claro: no importa la capacidad, basta con ser útil a los intereses del régimen.
Quizá lo más grotesco fue la escenografía simbólica montada en la toma de posesión: rituales indígenas, bastones de mando, copal, danzas y rezos. Todo esto, en un acto político donde ninguno de los nuevos ministros pertenece a comunidades originarias ni tienen nombres o apellidos originarios. Invocación a Quetzalcoatl en un estado laico y utilización de usos y costumbres ancestrales, cuando el derecho mexicano esta fundado en el derecho romano con el que deberán (es solo un deseo) trabajar, juzgar y dictar sentencias los nuevos juzgadores cuatroteístas.
Más allá de la anécdota de las tómbolas, los acordeones o los rituales, lo que está en juego es algo mucho más serio: el futuro del Estado de derecho. Un poder judicial sometido al capricho del gobierno de turno deja a los ciudadanos en estado de indefensión. ¿Quién garantizará que los derechos humanos, la libertad de expresión o la propiedad privada serán respetados cuando los jueces son producto de sorteos y liturgias políticas? Estamos frente a un experimento (calificativo de Arturo Zaldívar, expresidente de la SCJN) autoritario disfrazado de innovación democrática. La justicia mexicana no está en manos de los mejores, ni de los más preparados, sino de los más serviles. El costo será altísimo: un país donde la Constitución se vuelve papel desechable y donde el poder judicial pierde su razón de ser.
Ante hechos consumados, lo que nos tiene que mover a la reflexión es el papel de la oposición de aquí en adelante. ¿Qué estrategia echaremos a andar para que no se materializarse sanciones contra líderes de partidos o de organizaciones de la sociedad civil que disientan del oficialismo? ¿Cuándo a comunicadores y líderes de opinión los procesen por revelar crímenes, abusos, incongruencia, mediocridades, complicidades, mentiras de los dueños del poder? ¿Cuándo la defensa legal del ciudadano común se vea aplastada por las decisiones de los poderosos que defienden sus intereses? Lo que hoy se presenta como renovación es en realidad un retroceso histórico. Y si la sociedad no despertamos frente a estas aberraciones, mañana no habrá ni justicia ni democracia que defender.